Análisis de Reforma Propuesta a la Ley Federal del Trabajo

En un pobre intento, probablemente con más voluntad de realizar una reforma que con conocimiento, los senadores y diputados federales de Acción Nacional plantearon una propuesta para modificar la legislación laboral.

Sin embargo, los cambios propuestos son apenas de destacarse, ya que, aun y cuando la iniciativa comprende la modificación de 307, la adición de 98 y la derogación de 43 artículos de la Ley actual, no se trata sino de cambios de forma, gramaticales y lexicológicos, pero, en su gran mayoría no son de fondo aún y cuando comprenden casi la mitad del total, de la Ley Federal del Trabajo.

De lo rescatable, podemos mencionar las formas de contratación propuestas con la modificación al artículo 35 y siguientes, ya que, con dichos cambios se lograría una necesaria flexibilidad en la manera en que se puede pactar una relación de trabajo, toda vez que, la realidad nos ha demostrado, en reiteradas ocasiones, lo obsoleta que se encuentra la Ley laboral en tal sentido y que por tal razón para evitar abusos, retrasos y que se reste competitividad, es necesario un cambio.

De igual manera correcta es la idea de incluir contratos que se dan de hecho en la práctica pero que, ante la ausencia de regulación alguna en la Ley Federal del Trabajo, nos hemos tenido que contentar con soluciones que tanto la doctrina como la jurisprudencia han brindado, tal es el caso de los denominados contratos de temporada, a prueba y el de capacitación inicial.

El limitar los salarios caídos, una de las prácticas más injustas contenidas en la Ley laboral, a un lapso de seis meses es igualmente una buena propuesta, ya que además no se desprotege a los trabajadores, pues el monto de la indemnización puede seguir aumentando, pero no en base al salario diario del trabajador como actualmente se encuentra sino, a razón de un interés que no permita que la cantidad que se genera por el concepto de salarios caídos exceda en demasía la suerte principal, convirtiéndose no en un medio para indemnizar equitativamente, sino en una forma para que se obtengan grandes ganancias ocasionando una disminución grave en el patrimonio de los empleadores.

Asimismo, el hecho de exigir mayor preparación y el hecho de atribuirles mayores responsabilidades y consecuencias ante el incumplimiento de sus obligaciones a los funcionarios que se desenvuelven en el ámbito del derecho laboral, es positivo.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, las propuestas distan mucho de resolver un problema que requiere ser atacado en cuanto al fondo y además de tomar en cuenta la posibilidad real de su utilización práctica acordes a la situación actual del mercado laboral.

Como ejemplo podemos mencionar tanto el contrato a prueba como el de capacitación inicial, en los que puede ocurrir que la jurisprudencia determine cómo debe el patrón demostrar que el trabajador no cumple con los requisitos para desempeñar el puesto, y por ende dar por terminada la relación de trabajo, en cuyo supuesto las cargas probatorias provocarían la escasa utilización de este tipo de contratos con lo que, la reforma mencionada perdería gran parte de su efectividad. Otra opción distinta sería clasificarlo, como en otros países, en los que se considera que no ha llegado siquiera a existir el contrato, puesto que se está en la presencia de una condición suspensiva hasta en tanto el trabajador demuestre tener las aptitudes y conocimientos necesarios para ocupar el puesto.

Por otra parte, podemos mencionar que dicha propuesta se verá claramente rechazada, ya que pareciera estar restringiendo derechos en el sector colectivo, al exigirle, por ejemplo más requisitos a los sindicatos para ejercer el derecho de huelga, y en el caso de darle más facultades a las autoridades laborales para oponerse al registro de dichos entes, lo que, pudiera reflejarse en violaciones a la libertad de los sindicatos tuteladas por normas tanto nacionales como internacionales, como resultaría el caso del convenio 87 de la OIT de la Libertad Sindical, y en particular, porque se establece como medio para terminar la huelga el laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje, pero sin necesidad de que los trabajadores sometan el conflicto a su decisión, con lo que se despoja a la huelga de la fuerza que debe tener para lograr el equilibrio de los factores de la producción.

El aspecto procesal le pasa casi desapercibido a la reforma, salvo el hecho de que inexplicablemente, se propone, en el procedimiento ordinario, la desaparición de la audiencia trifásica (conciliación, demanda excepciones, y ofrecimiento y admisión de pruebas) para ser sustituida por una audiencia bifásica, y pasar el ofrecimiento y admisión de pruebas a otra fecha, lo cual, evidentemente redunda en perjuicio de los principios de concentración, celeridad e inmediatez que caracterizan al proceso del trabajo.

Una vez más, se trata de modificar un ordenamiento que exige ser cambiado por los requerimientos de carácter económico, comercial y de competitividad acordes a la época que vivimos, pero que sin embargo no se puede consolidar, cambios que, de no ser realizados cobrarán la factura en muy corto tiempo, al impedir una mayor oportunidad de inversión y desarrollo para nuestro país.

J. Treviño